• Actualidad Nacional
  • 04 de Mar, 2021

Aena, obligada a suspender el cobro de rentas comerciales

El conflicto entre el gestor aeroportuario Aena y los operadores  ha dado un giro de 180 grados. Si hasta la fecha Aena se ha había negado a renegociar el alquiler de los locales de sus aeropuertos más allá de un 50%, ahora ha sido un juez quien  ha ordenado al ente público que suspenda el cobro de grandes rentas comerciales, lo que podría suponerle unas pérdidas de 600 millones de euros, correspondientes a los alquileres de 2020.

Según publica el diario económico Expansión, son dos los autos que ordenan a Aena que, de manera cautelar, no cobre las rentas mínimas garantizadas (RMGA) del ejercicio 2020. Además, le obligan a que suspenda de forma “inmediata y urgente la ejecución de los avales bancarios”, según documentación consultada por el citado diario.

El grupo británico SSP solicitó medidas cautelares y uno de los autos le da la razón: la empresa tiene sellados con Aena 34 contratos de arrendamiento y, en ellos, la compañía pública garantiza unas rentas mínimas, a las que se suma un porcentaje variable en función de las ventas. En su solicitud, SSP argumentaba que los pagos “impedirían la continuidad de su actividad” y abocarían al despido de 1015 trabajadores.

Por su parte, Areas, compañía de restauración con fuerte presencia en los aeropuertos de Barajas y El Prat, se acoge a las mismas medidas cautelares.

Los últimos autos no solo afectan a los importes de 2020, sino a las reclamaciones que se realicen en 2021 y aplican a dos de las cinco principales compañías que operan en Aena y que suponen el 90 % de la facturación del ente público. En 2020, la empresa estatal anotó unos ingresos de 2242 millones de euros; de ellos, un total de 1033 millones procedieron del área comercial.

A mediados del mes de enero, Aena propuso a sus operadores una reducción a la mitad de las rentas que se aplicase desde el final del primer estado de alarma en junio de 2020 hasta el mes de septiembre de este año. Pero, días después, parte de los arrendatarios rechazó de forma conjunta la propuesta, solicitando más flexibilidad.

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