• Actualidad Nacional
  • 22 de Jul, 2020

El deporte pide a los juzgados la suspensión del cierre de las instalaciones

El deporte pide a los juzgados la suspensión del cierre de las instalaciones

El sector deportivo y del fitness no tira la toalla y decide dar un paso adelante. Este miércoles, en una rueda de prensa virtual que ha contado con representantes de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, lo INDESCAT, lo ADECAF, Gestiona, la Federación Catalana de Natación y la Asociación Empresarial de Clubes de Natación de Cataluña, han anunciado que han presentado una demanda de recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Gobierno del pasado sábado que los obliga a parar toda la actividad.

Decisión injusta, arbitraria y desproporcionada
Después de 3 días de incertidumbre absoluta y sin ninguna respuesta clara del PROCICAT, el deporte y el fitness se han visto obligados a actuar con responsabilidad para denunciar una medida que considera arbitraria, desproporcionada e injusta hacia un sector que es salud.

Las Consellerías de Interior y Salud han optado por la vía más fácil y simple: ha obligado a cerrar instalaciones deportivas y parar toda actividad. Esta decisión es irresponsable. Porque obvia, por un lado, el esfuerzo ingente que el sector ha hecho, de la mano de la Secretaría General del Deporte, para establecer protocolos de seguridad para garantizar una práctica segura, con registros de participantes, medidas de higiene y asegurar la trazabilidad de los contactos.

“Hacer deporte a nuestras instalaciones es seguro. No habido ningún brote en nuestro sector”, ha dicho Gerard Esteva, presidente UFEC. Y, de la otra, porque una medida de estas características comportará unos perjuicios
irreversibles sobre los practicantes y las entidades del sector. “El modelo de éxito del deporte catalán está en grave peligro”, ha sentenciado Enric Bertrán, presidente de la FCN. Un sector que, después de una primera parada necesaria, no puede permitirse seguir con la persiana bajada. En el caso de los clubes de natación, “el impacto del cierre durará seguro hasta el 2022 con unos 60 millones € de pérdida como mínimo”, ha puntualizado Eduard Escandell, presidente de lo AECNC.

El sector defiende que se puedan establecer mecanismos de ponderación del riesgo como si han hecho en otros sectores. ¿Por qué el deporte tiene que cerrar todas sus instalaciones, sin que haya la posibilidad de implementar limitaciones de aforo o protocolos de protección que permitan su funcionamiento ni que sea de forma limitada, tal como han hecho otros sectores, como la cultura? La carencia de respuesta razonable a esta cuestión evidencia la desproporcionalidad y arbitrariedad de la medida. “Parece que el Gobierno esté más preocupado del bronceado de las personas en vez de su salud”, ha ironizado Josep Viladot, presidente de Gestiona.

Camino legal
El deporte y el fitness recurren a la justicia porque suspenda la ejecutividad de esta medida. Y se posan a disposición de las autoridades competentes para encontrar soluciones adecuadas, con la complicidad y la responsabilidad que el sector ha demostrado desde el primer momento de esta crisis. “El gobierno tendría que tener más sensibilidad con nosotros. Tenemos que aprender juntos gestionar la pandemia y nuestra actividad, que convivirán hasta que no haya vacuna”, ha expuesto Agustí Tarragó, presidente de ADECAF.

La demanda, que se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pretende conseguir la nulidad de la resolución y pide de forma urgente (en 48 horas) la adopción de medidas cautelarísimas que eviten daños irreparables por practicantes, gestores y por el conjunto de la ciudadanía. Además, además de la reanudación de las actividades deportivas de manera inmediata, “se tienen que activar las ayudas específicas, hasta ahora inexistentes, para el tejido productivo deportivo, que a estas alturas está tocado de muerto” ha finalizado Anna Ciruela, presidenta de INDESCAT. “El sector deportivo no somos el problema, somos parte de la solución”, ha remachado.
Manifiesto

Las entidades han lanzado un Manifiesto contra la resolución del Gobierno que, encara activo, ya ha conseguido cerca de 8.000 adhesiones

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