El comercio reclama ayuda a Zapatero

La semana entrante será clave para el futuro del pequeño y mediano comercio en España, y en particular en Catalunya. Mañana, el Ministerio de Industria presentará a las autonomías la versión definitiva del anteproyecto de ley que eliminará buena parte de las actuales trabas para la apertura de grandes superficies comerciales, texto que el titular del departamento, Miguel Sebastián, pretende elevar el próximo viernes al Consejo de Ministros. Inquieta, la patronal de los comerciantes exige al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que recapacite y que, en plena crisis, no deje a su suerte a un sector por lo demás huérfano de ayudas públicas.
Según Miquel Àngel Fraile, secretario general de la Confederación Española del Comercio y de la Confederació del Comerç de Catalunya, los comerciantes no perciben la liberalización de servicios dictada por la Unión Europea como una amenaza, sino como una oportunidad. Eso sí, siempre que la transposición en España que impulsa el Gobierno respete el actual modelo comercial, con sus especificidades en cada autonomía, y "no asfixie" a las tiendas al eliminar toda restricción para la apertura de grandes superficies.

1,2 MILLONES DE CATALANES
"El Gobierno está ayudando a la banca, a las constructoras y al sector automovilístico para que hagan frente a una crisis que está hundiendo el consumo, con el consiguiente impacto sobre el comercio. Pero a nosotros ya no es que no nos ayude, sino que elaborara una ley que pone en peligro tres millones de puestos de trabajo", resume Fraile. En Catalunya, donde el pequeño y mediano comercio tiene mayor peso relativo que en el conjunto de España, este sector emplea a 1,2 millones de catalanes: a 400.000 directamente y a otros 800.000 de modo indirecto, según los datos de la patronal.
Las cámaras de comercio ya recelaron del anteproyecto marco con el que el vicepresidente Pedro Solbes prevé aplicar la directiva europea de liberalización de servicios, pero su concreción en la reforma ley del comercio minorista, a cargo del ministro Sebastián, las ha puesto en pie de guerra. Tanto, que las dos principales asociaciones de Baleares han amenazado con un cierre patronal.
La principal queja, que no la única, es que la norma permite abrir nuevos híper de hasta 2.500 metros cuadrados sin licencia autonómica, cuando son las comunidades las que siempre han velado por que las grandes empresas de distribución no engullan al pequeño comercio.

EL VOTO DE CIU
Fraile censura que el titular de Industria se niegue a recibir a la Cámara de Comercio y, sin embargo, participara en la asamblea anual de la patronal de los hípers, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged). También denuncia la "premura" con que Sebastián pretende reformar la vigente ley del comercio minorista, cuyo actual redactado precisó "seis años de diálogo con el sector y con las autonomías". Puesto que esta norma se aprobó en 1996 por unanimidad, Fraile demanda que su reforma concite idéntico consenso, confiando en que los grupos nacionalistas del Congreso, y en particular CiU, modulen su contenido.

fuente: www.elperiodico.es