El gobierno reduce las trabas para abrir centros comerciales

Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio, ha dado una buena noticia al sector de centros comerciales: sus aperturas estarán sujetas a una sola autorización a partir de la puesta en marcha de la nueva Ley de Ordenación del Comercio Minorista, cuyas competencias recaerán en los gobiernos autónomos o en los ayuntamientos. Con este anuncio se satisface una de las demandas históricas del sector.

El ministro de Comercio no podía haber dado mejor noticia en la Asamblea Anual de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged). La transposición de la directiva europea de Servicios a la legislación española va a suponer en la práctica una reducción de las trabas administrativas que hasta ahora ponían las comunidades autónomas y ayuntamientos para la concesión de licencias de nuevos centros comerciales e hípermercados, que tenía en el gobierno de Cataluña su mejor representación. Falta por conocer la opinión de los pequeños comerciantes, los mayores interesados en frenas la expansión de los grandes de la distribución.

Bajo la promesa de una ley "justa, equilibrada y razonable", Sebastián anunció a los miembros de Anged que desde su aplicación ya no serán obligatorios los actuales criterios económicos de otorgamiento de la autorización que sólo se verán limitados por los requisitos de interés general.

Asimismo, otra de las intenciones del ministerio es establecer, como regla general, la duración ilimitada de las autorizaciones, y su otorgamiento por silencio administrativo positivo. Además, se propondrá simplificar la regulación de los Registros Centrales de Ventas a Distancia y de Franquiciadores, que dependen del ministerio, sustituyendo la obligación de inscripción por una comunicación a posteriori del inicio de la actividad. Se eliminará, además, la necesidad de autorización previa en materia de comercio para la venta automática.

Juan Miguel de Mingo, presidente de Anged, recibe estas modificaciones de buen grado ya que se sienten “discriminados frente al resto de establecimientos que gozan de privilegios injustos”. En su asamblea, además de las peticiones al ministerio, dieron a conocer las cifras del sector, entre las que figura la facturación de 2007 que alcanzó los 45.293 millones de lo que se traduce en un aumento del 8,7% en relación a las ventas del año anterior, al tiempo que invirtieron cerca de 2.800 millones de euros, un 5,5% más que en 2006.