• Actualidad Nacional
  • 05 de Abr, 2018

Legalizar el «top manta» costaría 7.659 millones a las industrias

Podemos anunció a mediados de marzo que llevará al Congreso una iniciativa legislativa que perseguirá despenalizar la venta ambulante para «acabar con la persecución y criminalización sistemática que sufren los manteros». Para la formación, un fenómeno que cuesta a las industrias afectadas 7.659 millones de pérdidas en nuestro país y que cada año provoca la pérdida directa de nada menos que 67.405 empleados no debería ser perseguido por la ley porque «sobrevivir» y «buscarse la vida no es delito».

«Vamos a presentar una propuesta de ley que tiene que ver con que sobrevivir no es ningún delito. Tiene que ver con volver a otras épocas y solucionaría gran parte del problemas de este fin de semana que, más allá de los hechos concretos, tienen que ver con la persecución y criminalización sistemática de las personas que intentan buscarse la vida», explicó la portavoz de Podemos Noelia Vera. Podemos pretende llamar la atención sobre el debate «de fondo» para combatir «una situación completamente desproporcionada que busca criminalizar el único medio de subsistencia de un sector altamente vulnerable». El partido morado busca derogar la penalización de la venta ambulante que entró en el Código Penal en 2016 y volver a la legislación anterior en la que esta actividad se castigaba con multas.

Lo cierto es que informes de la Oficina de la UE para la Protección Intelectual (EUIPO) y Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) pintan un panorama bastante  preocupante. A los dos datos mencionados hay que añadir que en nuestro país es especialmente grave el impacto que tienen las ventas de los manteros en el sector de los bolsos, prendas de vestir y calzados. En estos sectores son 5.100 los empleos directos perdidos en el último año. Las ventas directas que estos sectores dejan de ingresar se cifraron en 4.250 millones en España y casi 28.000 millones en Europa.

La Agencia Tributaria informó en julio del año pasado de que sólo en 2016 se incautaron falsificaciones por valor de casi 800 millones de euros en nuestro país. Concretamente se intervinieron dos millones y medio de productos falsificados en un total de 2.232 operaciones en España. Estos productos habrían alcanzado en el mercado un valor de 779 millones de euros.

 

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