• Actualidad Nacional
  • 16 de Mar, 2016

El Tribunal Constitucional suspende la ley catalana de profesiones del deporte

El Tribunal Constitucional ha suspendido la ley catalana de profesiones del deportes al admitir el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra esta norma, por entender que la misma vulnera la unidad de mercado y excede las competencias de la Generalitat por prever la firma de convenios internacionales.

El Abogado del Estado solicitó la suspensión de esta ley al presentar un recurso de inconstitucionalidad. La suspensión es automática porque así lo establece la ley. La misma durará cinco meses y el tribunal la puede prolongar o levantar antes de este tiempo salvo que dicte sentencia sin agotar este plazo.

La ley catalana del ejercicio de profesiones del deporte establece cuatro tipos de profesiones en el deporte: profesores de educación física, monitores deportivos, entrenadores y directivos deportivos. Y busca, según el secretario general de Esports, Gerard Figueras, evitar el instrusismo profesional. Por ello, crea un registro que facilita a los profesionales poder trabajar con todas las garantías. Y establece la obligación de que los profesisionales que quieran ejercer su actividad en Catalunya se inscriban en este registro aunque ya estén apuntados en territorio nacional.

Sin embargo, el Gobierno considera que esta norma vulnera el mercado que garantiza el acceso y ejercicio de todos las actividades económicas en condiciones de mercado por parte de operadores ya establecidos legalmente en cualquier parte del territorio.

COMISIÓN BILATERAL

Asimismo, el recurso del Ejecutivo central sostiene que Catalunya "carece de competencias" para firmar "por sí misma convenios o acuerdos internacionales". Y es que la norma prevé la celebración de convenios y acuerdos de equiparación de profesionales con otros registros profesionales de Estados de la Unión Europea".

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Saénz de Santamaría, explicó cuando anunció la presentación del recurso, el pasado mes de febrero, que había habido problemas con leyes similares en La Rioja y Extremadura, pero que se habian solucionado en una negociación.

Figueras calificó la presentación de esta demanda como "una nueva agresión". Y reveló que la misma le había causado "una cierta sorpresa" porque se estaba negociando en la comisión bilateral Estado-Generalitat "una interpretación de la ley que fuera compartida" por el Govern y el Estado.

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