• Actualidad Nacional
  • 28 de Feb, 2012

La PMcM valora positivamente el nuevo real decreto sobre Morosidad

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, aunque ha valorado muy positivamente la celeridad y el compromiso del Gobierno para saldar la deuda histórica de las Administraciones Locales a proveedores y que por fin ésta vaya a ser cuantificada, ha calificado de “injusto el artículo 8 sobre mecanismos de financiación (del Real Decreto-ley 4/2012, aprobado este sábado 24 de febrero), por el que se priorizará el pago de las deudas de las Administraciones Locales a los proveedores que más descuento ofrezcan sobre el importe del principal de la obligación pendiente de pago”.

En este sentido, Antoni Cañete, portavoz de la PMcM, ha señalado que es “preocupante que el criterio de pago incite a una especie de subasta de descuentos por parte de los proveedores sobre el importe de las facturas que les adeudan las AA.LL. para intentar cobrar antes. Esto puede provocar, por ejemplo, que algunas empresas, a la desesperada, acepten una baja temeraria del importe por su imperiosa necesidad de cobrar”.

La PMcM también ha explicado que la puesta en marcha de esta medida “creará una dinámica perversa que afectará de diferente manera a los proveedores según su sector de actividad, ya que no es lo mismo la estructura de costes de una empresa de servicios que de una empresa industrial, por lo que, empresas y sectores que tengan mayores márgenes serán las que tengan más privilegios para cobrar sus facturas pendientes”. Asimismo, “tememos que este mecanismo se pueda usar posteriormente como moneda de cambio para que los pagos derivados de la contratación pública se utilicen también de forma perversa con las subcontratas”, asegura.

Por su parte, Rafael Barón, presidente de la PMcM, alerta sobre “la posible inseguridad jurídica que se crearía si después de los pasos de licitación, adjudicación, ejecución y control de la obra, material o servicio suministrado a una corporación local, se produjera la “subasta” de descuentos para acelerar el cobro”. En su opinión, se trata de “un mecanismo que elimina la garantía que pudiera haber en la contratación con organismo locales.”

Ante la falta de información en el Real Decreto sobre el procedimiento de pago, la PMcM ha enviado un escrito al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que aclare si realmente las AA.LL. van a hacer frente a los intereses de demora por el pago de esas facturas, tal y como se recoge en la Ley 15/2010 y en la Directiva Europea. Por lo que se interpreta en el BOE, Barón explica que “parece que los proveedores tendrán que pagar los intereses de financiación, lo que supone una quita o reducción del importe total que tendrían que cobrar los proveedores”. Desde la PMcM “no debemos permitir que las empresas a las que las AA.LL. les adeudan, sobre todo pymes y autónomos, terminen cobrando un importe inferior a los costes del servicio o producto y asumiendo intereses de gestión u otros”, añade.

No obstante, Barón ha recordado que se valora muy positivamente que “el Gobierno haya cumplido el compromiso que tenía con la PMcM de saldar la deuda histórica con proveedores y también que haya creado con tanta rapidez un mecanismo, a través de este Real Decreto, para hacer aflorar las facturas pendientes de los ayuntamientos buscando una total transparencia, que se genere un registro de las mismas, que se sancione a quienes no informen correctamente y en tiempos, y que los proveedores puedan exigir que se refleje la deuda que tiene contraída la Administración con ellos”.

Para la PMcM, “el mecanismo del Gobierno puede ser una fórmula efectiva, pues esta vez será el Estado quien avalará la financiación, pero solicitamos que los criterios y procesos de pago sean justos, transparentes y no perversos”, sentencia.

Datos de morosidad
Según estimaciones de la PMcM de 2010, el volumen de deuda del sector público a proveedores fue de 48.000 millones de euros, de los que unos 18.000 se refieren a CC.AA. y unos 30.000 a ayuntamientos.

El último informe de la PMcM señala que el plazo medio de pago a proveedores en España aumentó en 2011 en cinco días con respecto al año anterior, tanto por parte de las Administraciones Públicas como del sector privado, situándose en 162 y 98 días, respectivamente.

Con estas cifras, España se encuentra en el tercer puesto en la UE con plazos de pago más dilatados, por detrás solo de Grecia y de Italia, según un estudio europeo comparativo de la PMcM. Si se comparan los plazos de pago de nuestro país con los del norte de Europa, concretamente con Dinamarca, los españoles los multiplica por cinco.

Desde que se inició la crisis, la PMcM estima que de unas 500.000 empresas que han desaparecido (200.000 pymes y 300.000 autónomos), un tercio ha sido debido a la morosidad.

Sobre la PMcM
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.
 

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