• Actualidad Nacional
  • 09 de Ene, 2012

La liberalización de horarios provocará el cierre de 10.000 comercios en Madrid

Los minoristas madrileños se rebelan y presentaron, el pasado 3 de enero, sus alegaciones al proyecto de Ley sobre la liberalización de horarios comerciales que impulsa el Gobierno de Madrid, ya que de entrar en vigencia, ocasionará la desaparición de 10.000 tiendas y la destrucción de 20.000 puestos de trabajo, según apunta la patronal del sector. Además, las administraciones públicas dejarán de percibir unos 100 millones de euros en impuestos y tasas municipales.

La Confederación de Empresarios del Comercio Minorista, Autónomos y de Servicio de la Comunidad de Madrid (Cecoma) presentó ayer a la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid las alegaciones a este proyecto para paralizar su aprobación.

“La puesta en marcha de la ley sería la puntilla para el comercio de proximidad que ha sufrido especialmente la crisis económica, ya que solo favorece a las grandes superficies, permitiéndoles abrir todos los días del año, sin restricciones”, asegura Cecoma.

“El hecho de aumentar la libertad de horarios no fomenta el consumo, si no que desviará el existente a la compra en domingos y festivos y en grandes centros comerciales”, considera la organización de minoristas de Madrid.

De hecho, Madrid es la única comunidad que ha entrado a regular la liberalización de horarios de apertura y la que cuenta con un mayor número de centros comerciales e hipermercados.

Paralelamente a la presentación de este alegato al proyecto de Ley de Dinamización Comercial, Cecoma impulsa la campaña “Stop 365 días abiertos”. En efecto, la organización se encuentra repartiendo carteles en los que se exhibe este logo para que la difusión de los mismos entre los comercios de proximidad madrileños sea masiva.

Estos carteles se complementarán con una campaña de recogida de firmas entre los comerciantes y clientes de los comercios de proximidad. La medida afecta tanto a comerciantes, por las dificultades para poder competir en igualdad de condiciones, como a los usuarios, que verán a la larga limitada su capacidad de elección. Tras el periodo de recogida de firmas de las personas que se oponen a la puesta en marcha de la ley, estas serán entregadas al gobierno de la Comunidad de Madrid.

 

 

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