• Actualidad Nacional
  • 13 de Ene, 2011

La concertación de horarios propuesta por el Gobierno divide al sector comercial

Cuando parecía que ya se habían agotado las divergencias en esta materia, José Luis Rodríguez Zapatero plantea un concierto entre las políticas comerciales de los ejecutivos autonómicos, tendentes a una mayor liberalización de horarios, licencias municipales e incorporación de nuevos instrumentos de coordinación. La reacción a estas medidas, anunciadas el pasado 11 de enero en la Moncloa, durante la presentación del Informe Económico 2010, no se ha hecho esperar.

Al día siguiente, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) emitía un comunicado en el que consideraba que “cualquier medida que se adopte en pro de la liberalización del sector comercial es positiva, porque contribuye a dinamizar la inversión, la creación de empleo y la reducción de los precios”.

La patronal también apunta que todo ello revertirá en una mayor competencia entre los operadores y se traducirá en mejores precios para el consumidor. Además, señala que “es deseable que se reduzcan los costes administrativos que deben soportar las empresas, porque es una vía esencial para mejorar la eficacia” y advierte que sus tesis están en sintonía con las de la Directiva de Servicios de la UE.

La “unidad de mercado” también es positiva para el nuevo presidente de la CEOE, Juan Rosell, que la considera una de las demandas necesarias en el momento actual.

En el lado de los detractores, se han oído voces como las de la Confederación Española de Comercio (CEC), que por boca de su secretario general, Miguel Ángel Fraile, ha calificado de “brindis al sol”, la oferta de Zapatero, asegurando que “el gobierno se equivoca si piensa que transformando los horarios comerciales ayudará a mejorar la actividad económica”. Fraile ha reclamado “medidas de apoyo y no de horarios”, que en su opinión deben ser competencia de las comunidades.

En términos parecidos se han expresado representantes e instituciones de Cataluña.

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, se ha mostrado contrario a “la moda de centralizar la capacidad de decisión”.

El rechazo a la propuesta también ha sido unánime entre partidos políticos mayoritarios, CiU y ERC, defensores del pequeño comercio, cuyas protestas se suman a las del nuevo director general de Comercio de la Generalitat, Josep Maria Recasens, y a las del presidente de la asociación de empresas familiares Comertia, Jordi Tarragona.

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