• Actualidad Nacional
  • 09 de Ago, 2010

Vía libre para adjudicar la obra del polígono donde irá Decathlon en Mérida

El ayuntamiento de Merida desbloqueó ayer la situación urbanística que impedía la adjudicación de las obras de ampliación del polígono El Prado. Se trata de una actuación por valor de 17 millones de euros que habilitará 262.000 metros cuadrados de suelo industrial junto a la autovía A-66/A-5, frente a la Academia de la Guardia Civil, donde se habilitará el parque comercial en el que está prevista la ubicación de Decathlon, que ya ha adquirido una de sus parcelas.

 

El PSOE votó a favor de la aprobación definitiva, tras estudiar y rechazar las alegaciones presentadas a la modificación del Plan Parcial del Sector SUP-PA-01-201. Los concejales del PP se abstuvieron porque, según dijo Fernando Molina, el gobierno local "no ha sido transparente" en todo este asunto. La portavoz municipal y concejala de Urbanismo, Estrella Gordillo, recriminó la actitud de la oposición y dijo que "cuando uno apoya a la empresa privada no se entiende que se abstenga en una cuestión como esta".

El citado plan estaba vigente desde el 2007, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura obligó a esta modificación. El origen se encuentra en el año 2005, cuando el gobierno local vendió a Prefabricados Leo 100.000 metros cuadrados de la misma parcela en la que se ubicará el parque empresarial, por unos 600.000 euros. Se trata de un precio muy ventajoso que incluía el compromiso de levantar en ella una fábrica en el plazo de cinco años.

Una vez cumplido este periodo, y dado que allí nunca se construyó nada, el consistorio inició los trámites para recuperar los terrenos. Pero la empresa reclama al ayuntamiento 2,5 millones de euros en compensación por el carácter deficitario de estos terrenos (se valoró a un precio inferior al que le corresponde por superficie), una cantidad que el equipo de Gobierno considera lesiva para las arcas municipales (cuatro veces el precio de venta) y por la que ambas partes pugnan en los tribunales.

Según dijo ayer Gordillo, esta situación se ha producido porque "a alguien se le olvidó" en 2005 incluir en el pliego de enajenación de la parcela la renuncia a las compensaciones por la valoración deficitaria de los terrenos, como así se hizo en el convenio suscrito con Sepes cuando adquirió el resto de la parcela. El caso es que, según reveló ayer la edil socialista, el representante de esta empresa trabajaba entonces en la delegación de Urbanismo, por lo que conocía bien el expediente.

El nuevo plan separa el desarrollo del parque comercial del litigio por la parcela vendida a la citada empresa. Una vez salvado este trámite el siguiente paso debe darlo el Gobierno central. Se espera que el Consejo de Ministros adjudique en septiembre, a la vuelta de las vacaciones, la citada obra.

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