• 11 de Ago, 2009

Aragón espera albergar los centros comerciales que Catalunya rechaza

La llamada Directiva Bolkenstein aplica a los servicios el principio libre circulación que inspira las normativas de tráfico de ciudadanos y bienes en la UE. Adaptar a ella el ordenamiento jurídico de cada país o regíon de la Unión es obligado y hace necesario, por ejemplo, eliminar restricciones como las que limitan los centros comerciales en Catalunya e impiden a las compañías del sector, estima la UE, ofrecer sus servicios donde consideren. La Generalitat, con competencias exclusivas en comercio, maneja un borrador de nueva ley que suaviza las restricciones pero no las elimina. Aragón, mientras, hace lo contrario

El gran centro comercial por el que hace años suspira Lleida podría acabar inaugurándose en Fraga o en cualquier otra población de la Franja. Ese supuesto, que parece un dislate, podría ser una de las consecuencias de la aprobación del restrictivo proyecto que maneja la Generalitat para adaptar la normativa que regula el comercio en Catalunya a la Directiva Bolkenstein, que niega el derecho de estados y regiones a limitar la instalación en su territorio de empresas que prestan servicios. A su redactado deberán adaptarse este año las diferentes normativas regionales sobre comercio vigentes en la Unión.

En España, con la materia transferida a las autonomías, el Estado deja margen de acción a los gobiernos regionales para que hagan sus particulares interpretaciones. Unos, la Generalitat por ejemplo, optan por relajar lo vigente pero mantener importantes restricciones. Otros, como Aragón, son más fieles al texto original del eurodiputado holandés Frits Bolkenstein. Los grandes perjudicados por la disparidad de criterios son los territorios de frontera. Y Lleida es uno.

El borrador de nueva Ley de Comercio que la Generalitat maneja deja ya claro en su preámbulo que el Govern no pretende renunciar a su capacidad de limitar las superficies comerciales: El Plan Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales (PTSEC) desaparece y ya no habrá cupos de metros cuadrados comerciales para cada ámbito territorial, pero sí limitaciones encaminadas, dice el borrador, “a impulsar un modelo comercial de desarrollo sostenible”. Eso implica, dice el borrador, “modelos de ocupación del suelo que eviten los desplazamientos innecesarios” y, también, “preservar y fortalecer las estructuras de comercio tradicionales como valor de la cultura mediterránea”. El borrador mantiene así los principios que la Ley actual, diseñada en parte para garantizar el futuro del pequeño comercio al complicar la apertura de complejos comerciales fuera de las ciudades y limitar la superficie de los que se ubican en ellas.

Así y por ejemplo, el borrador permite sólo lo que en el texto se denomina grandes establecimientos territoriales (más de 2.500 metros) en áreas urbanas consolidadas de ciudades con más de 70.000 habitantes, zonas definidas por la Generalitat como de desarrollo estratégico o en nodos de cruce de infraestructuras. Bajo este paraguas caben espacios situados a 20 kilómetros de los límites de Catalunya y al pie de importantes carreteras y las zonas que rodean a puertos, aeropuertos o estaciones de ferrocarril destacadas. Las limitaciones, pero, van más allá y, por ejemplo, complican la instalación de tiendas de más de 800 metros al permitir su ubicación sólo en calles con anchura superior a 13,5 metros y exigir que, además de la licencia municipal correspondiente, obtengan otra emitida por la Generalitat. El gobierno autonómico, claro, partirá de los principios de sostenibilidad antes indicados.

Mientras en Catalunya se prepara el citado borrador, en el limítrofe Aragón trabajan en una normativa más laxa que fija sólo para tiendas de más de 2.500 metros la obligación de licencia autonómica y permite a los ayuntamientos definir en sus planes urbanísticos el espacio reservado para equipamientos comerciales sin limitaciones vinculadas a la población o la presencia de estaciones, puertos y demás. La situación coloca a Lleida, situada a menos de 50 kilómetros del límite con Huesca, en posición similar a la de Alicante, donde Ikea decidió no instalarse por las limitaciones que impuso la Generalitat valenciana presionada por el allí potente sector del mueble. Al final, los suecos optaron por irse a Murcia, a 70 kilómetros de allí y lo hicieron con éxito notable: cada festivo en Valencia la autopista del Mediterráneo se llena de gente de Alicante, Elche y Torrevieja que llena los pasillos de Ikea Murcia tras menos de una hora al volante. En Lleida convendría tomar nota, porque Decathlon amenazó no hace tanto con dejar sus planes de instalarse aquí y abrir en Fraga. Nuestra ciudad, no es bueno olvidarlo, puede convertirse además en 2011 en la única capital de provincia sin centro comercial. En Teruel, con la que Lleida comparte hoy ese dudoso honor, esperan inaugurar su primer centro comercial -Parque del Turia se llamará- en dos años.

Huguet cree que Lleida no interesa a las cadenas comerciales
Si en Lleida no hay centros comerciales no es porque la normativa que los regula en Catalunya sea restrictiva, si no porque no hay interés por parte de las empresas del sector. Lo dio a entender en una reciente visita a Naut Aran el conseller de Universitats i Empresa –y responsable de comercio- Josep Huguet: “Lleida tiene lo que su iniciativa privada da de si”, señaló. La frase sentó mal en una ciudad que ha visto este verano como su Ayuntamiento rechazaba la única oferta que se presentó para hacerse con la propiedad del único solar de la ciudad –ubicado junto a la estación- que puede acoger el centro comercial de 17.000 metros cuadrados de superficie de venta que permite el último Plan Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales. La empresa que presentó la oferta, la firma local Grup de Comerciants de Lleida, señaló en su día estar dispuesta a volver a optar al solar cuando se ponga a la venta de nuevo. La duda está en si la nueva normativa facilitará las cosas.
 

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