• 14 de Jun, 2009

La nueva ley del comercio reabre viejas heridas

«En agua de borrajas». Así es como puede quedarse, según las asociaciones que representan a hipermercados (Anged) y supermercados (Asedas y Aces) , la pretendida liberalización del comercio minorista auspiciada desde Bruselas, pese a que la Comisión Europea obliga a que sea una realidad desde el próximo 1 de enero. La última redacción del anteproyecto de ley que reforma la normativa estatal sobre el sector vigente desde 1996 ha reabierto viejas heridas, tras las cuales se encuentra el interés de las comunidades autónomas por tener la última palabra para la apertura de centros comerciales en aras a una pretendida defensa del pequeño comercio. Así lo cree, al menos, el secretario general de la Confederación Española de Comercio (CEC), Miguel Ángel Fraile, quien estima que la nueva regulación «no impide la competitividad», pues «mejora a la actual, con la que se han creado más empleos y se han abierto más establecimientos, sobre todo los grandes».

Su opinión, sin embargo, no goza del mismo respaldo que la de su homólogo en las grandes empresas de distribución, Javier Millán-Astray, director general de Anged, quien afirma que «si lo que se quiere es aumentar el número de puestos de trabajo, la primera forma para hacerlo es que dejen abrir nuevos establecimientos». Es lo mismo que han dicho el Banco de España (BdE), el Banco Central Europeo (BCE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para los que la existencia de barreras de entrada en el sector servicios, y en concreto en la distribución comercial minorista, eleva la inflación media y perjudica la productividad laboral, ya que aumentan los costes para operar en el mercado y se reducen las inversiones. Estás últimas podrían aumentar en 3.000 millones de euros anuales sin las restricciones actuales, según datos de Anged.

Cambio de criterio

Definidas casi de antemano las posiciones en los tres escalones del sector, medianos y grandes apostaban por respetar al máximo el espíritu que parece emanar de la Directiva Europea de Servicios, aprobada en 2006 y que debería ser adaptada por cada Estado miembro antes de 2010. El Gobierno, tras un primer borrador que eliminaba la licencia autonómica para los establecimientos con menos de 2.500 metros cuadrados, también parecía por esa labor.

Sin embargo, la férrea oposición de Cataluña y Baleares, a las que después se han sumado otra media docena de comunidades, ha hecho cambiar de criterio al Ejecutivo central, en apariencia por motivos más políticos que económicos, al estar las competencias sobre el comercio en manos autonómicas y tratar el primero de evitar una 'guerra' con estás ahora que trata de ultimar el nuevo modelo de financiación territorial.

El nuevo texto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -que en otoño será debatido en el Parlamento-, criticado de forma severa por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) -lo ha tachado de «discriminatorio» para las grandes superficies y «ambiguo» con el papel de las autonomías-, casi se limita a establecer criterios generales, a recordar que Bruselas sólo permite el bloqueo a las aperturas comerciales por «razones imperiosas de interés general» y a advertir a las comunidades que serán las últimas responsables de cumplir con los criterios comunitarios.

Y es que una sanción de la Comisión Europea, por incumplimiento de su directiva, es para la CNC «más que una posibilidad con el último texto del Gobierno». En este sentido, Cataluña y Baleares preparan nuevas normas para rebajar hasta los 800 y 700 metros cuadrados, respectivamente, el límite para frenar la implantación de nuevos establecimientos, bajo el paraguas de la protección medioambiental y urbanística.
 

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