• Actualidad Nacional
  • 13 de Abr, 2009

La Generalitat mantendrá la última palabra en las licencias comerciales

El culebrón (en materia comercial) de los últimos dos años está a punto del desenlace final. Y la previsión es que termine de manera feliz para las comunidades autónomas que, como Catalunya, quieren continuar decidiendo sobre política comercial durante los próximos años. La nueva ley del comercio española que prepara el Ministerio de Industria está recibiendo los últimos retoques, pero todo indica que los centros comerciales y grandes superficies seguirán necesitando de licencia y que, las autonomías con las competencias transferidas, continuarán siendo las que otorguen (o no) esos permisos.

España tiene de tiempo hasta el 1 de enero del 2010 para adaptar la ley del comercio minorista de 1996 a la directiva Bolkestein, una norma europea que aboga por reordenar y simplificar el sector servicios en toda Europa. Parte de esta directiva afecta al comercio, y España debe modificar la ley vigente del sector para no infringir la norma europea. Industria ha optado por buscar el máximo consenso posible en el sector, aunque se ha encontrado con dos posturas enfrentadas, sobre todo en lo que se refiere a los permisos para la apertura de centros comerciales.

CONDICIONES PARA NEGOCIAR
Sin embargo, las elecciones del País Vasco y la soledad del PSOE en el Congreso han sido determinantes para decantar la balanza del lado de las comunidades que quieren continuar decidiendo, explican fuentes del sector. Autonomías como Catalunya, Baleares y País Vasco no querían que la ley del comercio interfiriera en sus competencias y, junto a la Confederación Española de Comercio (CEC), han hecho frente común para defender su postura. Los últimos borradores de la norma recogen las principales demandas de estas comunidades, aunque "aún faltan por depurar algunos aspectos", señalan las mismas fuentes.

La norma, en síntesis, busca simplificar los trámites que se deben realizar para abrir comercios, algo en lo que todos los actores están de acuerdo. Pero las primeras interpretaciones de la misma apuntaban que no se podrían exigir autorizaciones ni licencias para implantar centros comerciales y establecimientos de menos de 2.500 metros, algo por lo que la Generalitat amenazó, incluso, con llegar al Tribunal Constitucional por invasión de competencias si la norma quedaba así.

"La anterior ley del comercio se hizo con el consenso de todos, y con esta debería pasar exactamente lo mismo", explica el secretario general de la CEC, Miquel Àngel Fraile: "La propia directiva asegura que no se debe interferir en el reparto de competencias y, en otro punto, que hay establecimientos que necesitan licencia especial".

MENOS DE 2.500 METROS
El último borrador con el que se trabaja indica que la licencia será necesaria para establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados, pero es por debajo de esta superficie total donde se centra la discusión. El lenguaje del texto, además, es poco claro, y es en este aspecto donde se sitúa la batalla. Sin embargo, los actores implicados están cerca de pactar una fórmula por la que serán las comunidades que lo deseen las que definan como gran establecimiento uno que tenga menos de 2.500 metros si en su caso tiene un impacto negativo sobre conceptos como urbanismo o medioambiente. Todo está pendiente de retoques, y la norma pasará al Consejo de Ministros en breve, señalan fuentes del sector.

Catalunya, que también tiene pendiente su nueva ley comercial autonómica, está a la espera de la norma final de ámbito español para comenzar a tramitar su propia ley, que complementará la nacional "en base a nuestras competencias", señalan fuentes de Comerç. La idea es que por encima de 800 metros cuadrados sea la Generalitat quien conceda la licencia. "Si nada se tuerce, el texto de la ley española no obstaculizará las pretensiones de Catalunya", añaden.

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